Estrategia del PP se basa en recursos judiciales

• El PP prepara el terreno para plantear la repatriación de menores migrantes
• Génova y sus comunidades fían su estrategia a los tribunales para frenar el reparto “racista” de 4.400 menores extranjeros no acompañados

El PP ya observa los mecanismos reglados de devolución de menores migrantes no acompañados como una posibilidad real si la ofensiva judicial de sus comunidades contra el reparto pactado por Gobierno y Junts no prospera, y el Ministerio de Hacienda no pone los “recursos materiales” suficientes para alojarlos “con respeto y garantías”. Pero antes de llegar a este escenario, los equipos jurídicos de sus Gobiernos autonómicos estudian “cómo proceder” para que la relocalización de unos 4.400 niños y jóvenes extranjeros “no se apruebe” en los términos actuales –que tachan de “racistas”– o, en su caso, “no se aplique” en los territorios que no tienen capacidad para tutelarlos.

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha sido el primero en plantear esta vía. El lunes, durante el anuncio del preacuerdo presupuestario con Vox, pronunció un discurso en el que dio protagonismo a las banderas del partido de Santiago Abascal. “La Comunidad Valenciana no admitirá más repartos de la inmigración ilegal que promociona el Gobierno de Pedro Sánchez”, dijo. “No flaquearemos ante ningún chantaje, de hecho, buscaremos las fórmulas legales para que puedan volver con sus padres y familias. Nuestros centros están saturados y es momento de mirar al Gobierno central y a Bruselas”.

La dirección nacional se apresuró a avalar el acuerdo con un comunicado remitido a los medios mientras Mazón seguía en el atril. Acto seguido, el portavoz nacional del PP, Borja Sémper, negó un giro ideológico y se remitió al Pacto sobre Migración y Asilo, así como a la reciente propuesta europea para crear un sistema común de devoluciones. También dio vía libre al resto de Gobiernos autonómicos a acordar sus respectivos presupuestos con Vox bajo las premisas pactadas en Valencia, donde, según fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo, frenaron otras versiones “inaceptables”, aunque los de Abascal lo desmienten.

La nueva propuesta europea recoge que se podrá “expulsar” a un menor no acompañado tras ser “escuchado” y siempre que las autoridades se hayan asegurado “de que será devuelto a un miembro de su familia, a un tutor designado o a instalaciones de acogida adecuadas en el país de retorno”. “Los chavales hablan todos los días con sus padres, es tan fácil como que la Policía les coja el móvil y vean sus conversaciones”, resume un miembro de la dirección nacional a Servimedia.

En Génova también se agarran a la legislación nacional. El Reglamento de Extranjería recoge en los artículos 191 y siguientes cómo debe ejecutarse la repatriación de un menor migrante no acompañado si su “interés superior se satisface con la reagrupación con su familia o su puesta a disposición de los servicios de protección de su país de origen”. Génova considera que este caso se adecúa a un contexto en el que las comunidades dicen haber superado con creces su capacidad de acogida, aunque no han facilitado aún al Ministerio de Infancia los datos de ocupación de sus centros.

“El Gobierno les condena a dormir en el suelo” y “a la exclusión social”, afirma otro colaborador de Feijóo. “Vox tiene razón en una cosa, y es que para vivir así es mejor que estén con sus padres”. Sin embargo, las comunidades autónomas no tienen esta competencia, que recae sobre la Delegación del Gobierno de Pedro Sánchez, al que ven “condicionado” por Sumar. “Su Gobierno está sujeto al Partido Comunista y depende todos los días de Podemos, ERC y Bildu. La posición de los socialistas en Europa es distinta. En Alemania y Reino Unido plantean cerrar las fronteras”, añade la misma fuente.

Sobre esta cuestión, desde el PP Europeo dan por descontado que, si Sánchez no aprueba medidas adicionales para detener la inmigración ilegal, la ingente normativa que prepara Bruselas “causará una posición más visible de España” para las mafias. La principal reclamación que los populares tendieron al Gobierno para pactar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería era el despliegue de Frontex en las aguas canarias para evitar más llegadas y nuevos repartos, pero Interior lo descartó por no verla efectiva. También pidieron financiación para acoger a los menores, pero Hacienda ha aprobado un fondo de 100 millones de euros que, con las condiciones actuales, solo beneficiarían a Canarias, Cataluña, País Vasco y Ceuta, que son las que han habilitado, a su parecer, un número de plazas superior al óptimo.

MURCIA Y ARAGÓN

El PP fía ahora mismo su estrategia a los tribunales. Los Gobiernos de Madrid, Aragón, Murcia, Cantabria, Galicia, Andalucía y Castilla y León ya han anunciado su intención de acudir al Constitucional por considerar “partidista” y “xenófobo” el reparto pactado. Junts se jactó de que solo llegarán “entre 20 y 30” menores a Cataluña, mientras que a Madrid lo harán “más de 700”. En Génova ven “mucho recorrido” a los recursos que se puedan plantear y, mientras tanto, seguirá pidiendo al Gobierno central que se haga cargo de estos niños y jóvenes con sus propias instalaciones.

En caso de sufrir un revés del Constitucional, el PP ya ha garantizado que sus comunidades cumplirán la ley y las mismas fuentes aseguran que tendrán la última palabra sobre la conveniencia de plantear el retorno de menores migrantes. Esta medida no se recoge en ningún programa electoral del partido ni tampoco en el acuerdo migratorio firmado por Feijóo y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo. Pero Mazón ya la ha asumido como propia y, en el Ayuntamiento de Murcia, el PP pactó hace unas semanas una moción con Vox para que el Gobierno autonómico promueva acuerdos con los países de origen para que estos menores puedan ser “reintegrados con sus familias”.

Justamente, la Región de Murcia es una de las comunidades donde Génova ve más posibilidades de acuerdo con el partido de Abascal. El presidente autonómico, Fernando López Miras, ya avanzó la semana pasada que no acogerán más menores migrantes porque “no pueden”. La otra es Aragón, donde el presidente, Jorge Azcón, alejó el martes la posibilidad de pactar unas cuentas públicas de manera inmediata con Vox y reivindicó sus “tiempos y criterio”. La dirección nacional, sin embargo, no ve impedimento para reproducir el discurso de Mazón en estas dos comunidades, donde creen que el rechazo al Pacto Verde Europeo se acogería también con satisfacción.

(SERVIMEDIA)

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