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Así se desprende de un reciente informe de Cepyme, en el que se pone de relieve que la pyme será la más afectada por una reducción del horario a 37,5 horas semanales debido a su menor productividad, rentabilidad y sus inferiores recursos organizativos, a su mayor dificultad para adaptarse a cambios en el corto plazo, así como a la menor presencia del convenio de empresa en este segmento.
La reducción de jornada afectará en general a tres de cada cuatro trabajadores (el 75%) cubiertos por convenios colectivos, lo que suponen unos 8,8 millones de asalariados, con impacto diferencial según ramas de actividad.
En actividades inmobiliarias, hostelería, agro-ganadería, comercio y actividades profesionales, los trabajadores que hacen jornadas superiores a las 37,5 horas semanales son el 85% del total.
Además, el informe señala que hay empresas que por su propia naturaleza no han podido reducir su jornada, de modo que el 7,9% de los asalariados trabaja más de 39,5 horas, unas 925.000 personas, principalmente concentradas en las ramas de información y telecomunicaciones, transporte y almacenamiento, comercio, hostelería e industrias extractivas.
La jornada laboral en España ha bajado de las 40 horas semanales en que se situaba en 1983 a las 38,3 horas actualmente, una evolución que Cepyme atribuye a la negociación colectiva y a la capacidad de ésta para adaptarse a las condiciones del trabajo.
Por otra parte, esta patronal sostiene que la productividad debería ser un “factor clave” a la hora de plantearse cualquier modificación en las condiciones de trabajo. Con datos de Cepyme correspondientes al tercer trimestre de este año, la productividad encadena siete trimestres de caídas interanuales y se sitúa “lejos” todavía de recuperar niveles prepandemia, amplificando el efecto de las “fuertes” alzas de costes laborales soportadas por las pymes, del 18,1% desde 2019, a las que se acumularán en 2025 nuevos aumentos del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y las cotizaciones sociales.
Además, advierte de que “a esta nueva subida de los costes laborales se une el mayor riesgo de conflictividad en las plantillas, las dificultades para reasignar recursos y un nuevo factor de incertidumbre si la reorganización del trabajo ha de hacerse inmediatamente, algo complicado en una economía como la española aquejada de problemas de vacantes y escasez de mano de obra”.
(SERVIMEDIA)
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