Los episodios más significativos de la historia reciente de España pasan como desapercibidos para el gran público en función del interés de los gobernantes por airearlos o silenciarlos según sus intereses políticos. Uno de estos episodios es el “expediente Picasso”, un riguroso informe llevado a cabo en 1921 que trataba de explicar las causas del desastre de Annual, la mayor derrota militar sufrida por el ejército español a mano de las cabilas rifeñas en su nueva aventura colonial en el norte de África y cuya influencia sobre nuestra historia es más que evidente.
Tras el convenio hispano-francés de 1904, España pasa a disponer de una zona de protectorado en el norte de África que alivia moralmente la reciente pérdida de su imperio de ultramar, pero la resistencia demostrada de los rifeños a la ocupación militar española, se hace notar pronto en el descalabro sufrido en el “barranco del lobo”, en los alrededores de Melilla, en 1909, que no sería el único, pues en 1921 estos mismos rifeños volvieron a infringir una fuerte derrota al ejército español en la “Batalla de Annual” en donde perecieron unos doce mil militares españoles, incluido el general Silvestre, jefe supremo que se suicidó ante la magnitud de la catástrofe. Este hecho causó un fuerte impacto en la evolución política del país que apenas se consolaría poco más tarde en 1925, al conseguir terminar la guerra del protectorado mediante el éxito obtenido con el desembarco de Alhucemas que contó con la colaboración francesa.
El expediente Picasso fue un informe encargado por el Gobierno a fin de averiguar las causas del desastre de Annual. Se le denominó así por el nombre de su redactor, el General Juan Picasso González, un militar malagueño y dibujante de talento, tío abuelo del famoso pintor Pablo Ruiz Picasso, que a la sazón estaba destinado en el Consejo Superior de Guerra y Marina. Había nacido en 1857, ingresando con 20 años en la Academia del Estado Mayor como Alférez alumno, y fajado en la primera guerra del Rif donde obtuvo la Cruz Laureada de San Fernando. Una vez comisionado para llevar a cabo su cometido, con la ayuda de tres auditores se desplazó a Melilla y tras un arduo trabajo que duró nueve meses, a finales de 1921, entregó un informe de dos mil cuatrocientos dieciocho folios, en los que trataba de desentrañar las causas del terrible desastre.
Este expediente debe de considerarse un trabajo histórico riguroso desarrollado con metodología y prudencia recurriendo a fuentes orales, documentales y de todo tipo. Se obtuvieron declaraciones de muchos vecinos de las posiciones militares desaparecidas en el combate, que delataron los abusos de autoridad de la policía de las poblaciones, y los abusos a mujeres, generalmente silenciados por los militares cuyos testimonios evidenciaron un fuerte corporativismo castrense con una visión muy sesgada para no ser incriminados. Se estudiaron con detalles los croquis de las operaciones y mapas de las posiciones, recreados por la habilidad dibujante del general, evidenciando que el avance no contaba con las garantías suficientes de apoyo, ni tampoco el repliegue desordenado de las tropas, ante la actuación temerosa de los mandos.
El expediente puso de manifiesto la crudeza de lo sucedido, evidenciando la incompetencia militar, la cobardía y la desorganización de las tropas, los vicios y las corruptelas de los militares y los errores estratégicos de los mandos, así como la increíble por numerosísima e injustificable solicitud de ascensos por méritos de guerra. Pese a todas la limitaciones sufridas en su elaboración, el expediente no dejaba en buen lugar a la institución militar cuyas responsabilidades se agravaban conforme se ascendía en la escala de mandos alcanzando a la figura del Rey Alfonso XIII como máximo responsable.
La depuración de responsabilidades llegó al Congreso donde se crearon dos comisiones parlamentarias que examinaron las incompetencias militares y se solicitó un suplicatorio al senado para acusar de negligencia al General Berenguer, al final, única cabeza visible de los desaciertos. Pero las responsabilidades estaban al descubierto y la única forma de detener sus inevitables consecuencias fue la disolución de las Cortes mediante el pronunciamiento de la Dictadura del General Primo de Rivera que salvó de su caída a la monarquía y obligó al ocultamiento del expediente para evitar su destrucción y que solo reapareció una vez instaurada la II República. Para colmo de la desfachatez, el general Berenguer fue indultado por el rey y elevado a la jefatura del gobierno tras el fracaso del general Primo de Rivera.
El “expediente Picasso” puso de manifiesto la corrupción generalizada del ejército y su incompetencia frente al poder político, y significó por lo tanto el fin definitivo del régimen de la “restauración” monárquica, traído por el diputado, también malagueño, Cánovas del Castillo, y que solo sobrevivió sus últimos años, apuntalado gracias a la dictadura del fracasado Primo de Rivera, y luego a la dictablanda del convicto Berenguer, para desaparecer por completo en la II República.
No obstante pocos años más tarde, este mismo inepto poder militar, se sobrepondría de nuevo al poder político con el allanamiento violento llevado a cabo por la Dictadura del General Franco que llegó colmada de todos aquellos despechados africanistas, tan bien conocidos y catalogados por el general-artista Juan Picasso, que no pudo certificar el alcance de los niveles de corrupción que llegarían a desarrollar, ya que falleció previamente en 1935, ni observar cómo su clarividente informe fue soslayado definitivamente de la vida política, por el “nuevo” régimen militar.
Jesús Lobillo Ríos
Presidente del Ateneo Libre de Benalmádena
Bibliografía
Gámez S.-“El expediente Picasso”. Tubqal Marruecos. 2004
Tusell J., Queipo de Llano G. “Alfonso XIII, el rey polémico”. Taurus 2001
Sénder R J-“Iman”.- Austral 2021
