
Los perros de alguna raza considerada potencialmente peligrosa dejarán de tener esa consideración si superan una prueba de aptitud
Así figura en un proyecto de real decreto que desarrolla la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales, de 2023, y que ha elaborado el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030.
Ese borrador se encuentra en fase de audiencia e información pública hasta el próximo 16 de julio para que las personas interesadas hagan las alegaciones que consideren oportunas. Fue elaborado con aportaciones y mejoras de entidades protectoras de los animales, asociaciones del sector veterinario y profesionales de la cría de animales de compañía.
El texto, al que tuvo acceso Servimedia, afecta a 25 artículos de la mencionada ley de 2023 y también propone modificaciones en un real decreto que regula el reconocimiento oficial de las organizaciones o asociaciones de criadores de perros de raza pura, de 2001, y un real decreto de 2002 que desarrolla ley relativa a animales potencialmente peligrosos, de 1999.
Esa ley de 1999 se aprobó después de una alarma social generada por ataques de varios perros a personas. La norma señala que se considerarían perros “potencialmente peligrosos” los que se determinaran después reglamentariamente y estén incluidos “dentro de una tipología racial que, por su carácter agresivo, tamaño o potencia de mandíbula tengan capacidad de causar la muerte o lesiones a las personas o a otros animales y daños a las cosas”.
Ese desarrollo reglamentario llegó en 2002 con un real decreto que enumera ocho razas y sus cruces con características potencialmente peligrosas: pit bull terrier, staffordshire bull terrier, american staffodshire terrier, rottweiler, dogo argentino, fila brasileiro, tosa inu y akita inu.
Más de dos décadas después, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 pretende sustituir ese sistema de razas o características raciales por otro basado en pruebas de aptitud, de manera que la consideración de potencialmente peligroso no vaya ligado necesariamente al aspecto racial de un perro.
El mencionado proyecto de real decreto, al que tuvo acceso Servimedia, indica que serán perros potencialmente peligrosos los de las ocho razas incluidas en la norma de 2002 que no superen una “prueba de aptitud” a la que deberán someterse cuando hayan cumplido 12 meses, es decir, los que tengan un año o más tienen que cumplir con ese requisito.
Así, mantendrán esa consideración los que, a la luz de esa prueba, tengan “un peso, un carácter agresivo y una potencia de mordida superiores a las que se determinen como admisibles”.
Esas pruebas serán realizadas por profesionales del comportamiento animal y deberán ser inscritas en el registro de identificación del perro para que quede constancia.
Los perros que no superen la prueba se considerarían potencialmente peligrosos y para ellos se prohibirá su reproducción. Además, los propietarios de esos animales deberán formalizar un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con una cobertura que subirá de los 120.000 euros actuales a un mínimo de 150.000 euros.
El real decreto entrará en vigor seis meses después de publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Después, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 aprobará por orden ministerial el contenido y los requisitos y periodicidad de las pruebas de aptitud.
(SERVIMEDIA)
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