El casero público desahucia: Sindicato de inquilinas de Málaga y un techo por derecho

Un Techo por Derecho y el Sindicato de Inquilinas de Málaga ha convocado hoy esta rueda de prensa en el contexto de crisis habitacional estructural en el que nos encontramos aquí en Málaga y en todo el estado con el objetivo de denunciar el inoperante papel que juega lo que denominamos "Casero Público" (IMV y AVRA), dos agencias institucionales encargadas de gestionar la vivienda pública en régimen de alquiler social.

Como hemos denunciado, “se viene diciendo públicamente desde hace meses por parte de ambas instancias que tienen interés en aportar y resolver el problema de la vivienda, pero según lo que vemos en los casos que nos llegan a la asamblea, lo que sucede realmente dista mucho de esa supuesta labor de mediación: los casos de afectadas por la gestión del Casero Público se ha disparado de manera exponencial”.

Curro Machuca, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha asegurado que la gestión pública que hacen IMV y AVRA de estas viviendas en régimen de alquiler social es poco transparente. El Sindicato ha podido certificar “situaciones dantescas que hemos querido exponer tanto a una institución como a la otra en reuniones formales. Sin embargo, nuestras comunicaciones han sido ignoradas”.

“Hablamos de una gestión absolutamente opaca y arbitraria a más no poder. Esto, según nuestro punto de vista, tiene que ver con la poca voluntad política de sus responsables, que evidentemente, se pliegan a las políticas generales de la Administración en materia de vivienda, que está, sin duda, supeditada a los intereses del rentismo y la especulación”. Una muestra de estas políticas es la externalización de la propia gestión del parque de vivienda del IMV a una consultora externa, lo que coincide con el incremento de las irregularidades.

El punto álgido de este despropósito llega con una acumulación de casos donde se exige de manera irregular y repentina el abandono de la vivienda sin ninguna justificación, como pasó en el caso de la corrala de calle Jara en La Trinidad.

De igual modo, desde el IMV se traslada la idea de que no se están promoviendo lanzamientos judiciales por impagos, y sin embargo, como contarán las compañeras, estamos en disposición de asegurar que esto es falso: los desahucios se suceden sin alternativa habitacional y los responsables son IMV y AVRA.

Según el portavoz del Sindicato, esto confirmaría que la administración pública  es más parte del problema que de la solución, reproduciendo dinámicas de persecución y acoso a las inquilinas: “está claro que no hay voluntad de resolver el problema de la vivienda por parte del Ayuntamiento ni de la Junta”.

Rosa Galindo, portavoz de Un Techo Por Derecho (colectivo de mujeres afectadas por el problema de la vivienda) redunda en la idea: “el Casero Público hace una gestión, como ha contado el compañero, deficiente y negligente. Deficiente porque no da respuesta al problema y negligente porque como hemos visto en La Trinidad, Maqueda y más recientemente en Lagunillas, las justificaciones para expulsar a las inquilinas por la fuerza son ridículas y en la mayoría de los casos inexistentes”.

En este último caso, en Lagunillas, señalan desde Un Techo por Derecho, que el IMV quiso desahuciar a una familia por una irregularidad administrativa, que nos aseguran, se podría haber subsanado perfectamente por parte del Ayuntamiento, que es en último término la autoridad competente.

“Las vecinas junto con el Sindicato y nuestro colectivo, paramos el desahucio en la calle, con el cuerpo. Sorprendentemente al día siguiente se señala otro lanzamiento desde el mismo auto para una semana vista. Evidentemente esto nos pareció sospechoso y fuimos a hablar directamente con el juez. Efectivamente el juez no había recibido notificación alguna, algo que deberían haber hecho antes de confirmar el segundo lanzamiento. Creemos que no hay mucho más que decir. O el IMV no sabe cómo proceder en estos casos o no quiere saberlo. Está claro que conocen perfectamente cuales son los pasos a seguir pero hacen lo que les conviene a pesar de la legislación y de las vidas de las vecinas: en este caso el IMV estaba dejando a tres menores en la calle” sentencia la portavoz.

Sanae, afectada y miembro de la plataforma, relata que “esto es algo que empezamos a ver a diario: casos de personas y familias en riesgo de exclusión que se quedan en la calle sin alternativa habitacional”.

“Las afectadas en la mayoría de los casos somos mujeres con menores a nuestro cargo y en situaciones de precariedad laboral. En muchos casos, como en el mío, también somos víctimas de violencia machista”.

Rosa Galindo recuerda que hay una gran cantidad de viviendas vacías en manos del IMV y AVRA. “Desde el Ayuntamiento acusan a nuestras compañeras de ocupar estas viviendas de manera irregular y nosotras nos preguntamos: ¿cómo puede ser que el IMV y el AVRA tengan viviendas vacías? Algo no cuadra”

Desde el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málago queremos incidir en que la rueda de prensa es el pistoletazo de salida de una campaña de denuncia por la mala gestión del Casero Público y de autoorganización de las afectadas.