
55 millones de euros a los empleados públicos malagueños
CSIF denuncia que el Gobierno central debe más de 55 millones de euros a los empleados públicos malagueños por la falta de un acuerdo salarial para 2025
Sindicatos28/10/2025
Redacción


El 30 de octubre el sindicato se moviliza, en unidad de acción con CCOO y UGT, en la Subdelegación del Gobierno en Málaga como inicio de un calendario de protestas para exigir una negociación colectiva


Málaga, 27 de octubre de 2025
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios, CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha denunciado que el Ministerio de Función Pública y Transformación debe más de 55 millones de euros a las empleadas y empleados públicos malagueños, una cifra que, si sumamos el resto del país, supera los 1.860 millones, por la congelación de sus nóminas y la falta de un acuerdo salarial para 2025.
El presidente de CSIF Málaga, Francisco Javier Domínguez, ha aclarado este lunes que “estamos hablando de una congelación salarial injustificada, de pérdida de poder adquisitivo y de una negociación colectiva totalmente bloqueada” por parte del Ministerio de Función Pública. En Málaga son casi 90.000 los empleados públicos entre todas las administraciones, medio millón en Andalucía y más de tres millones en todo el país. Este personal lleva acumulada una pérdida de poder adquisitivo del 6% desde 2022, y superior al 20% desde los recortes de 2010.
Para el responsable sindical, “lo más grave es que el Gobierno no ha propuesto ninguna subida salarial para 2025, condenando de nuevo al colectivo”. “Esto no solo nos afecta a quienes trabajamos en la Administración pública. Cuando se maltrata al personal público, se deterioran los servicios que recibe toda la ciudadanía”, ha advertido.
Ante esta situación, CSIF, junto a UGT y CCOO, se movilizará el próximo 30 de octubre a las 12:00 horas en la Subdelegación del Gobierno en Málaga, en una protesta simultánea en toda España. La movilización, bajo el lema ‘Negociación, subida salarial y mejora de los servicios públicos’, marca el inicio de un calendario de acciones que continuará en noviembre con una gran concentración en Madrid y que podría desembocar en una huelga en diciembre, la primera contra el actual Gobierno, si el Ministerio persiste en el bloqueo de la negociación colectiva.

La central sindical insiste en que el bloqueo a la negociación colectiva por parte del Ministerio de Función Pública mantiene congeladas las nóminas de este año y bloquea un nuevo acuerdo salarial, entre otras mejoras laborales para el colectivo. Los problemas de las trabajadoras y trabajadores del ámbito público, así como los servicios que recibe la ciudadanía, se agravan a diario por la inacción del Ministerio en asuntos urgentes en materia de empleo, temporalidad y condiciones laborales.
Hay que recordar que se aprobó una Oferta de Empleo Público (OEP) para este año sin el apoyo de las organizaciones sindicales, porque reduce la creación de empleo neto, disminuye la oferta en promoción interna y mantiene la tasa de reposición (en los últimos 20 años se han perdido más de 42.000 efectivos, mientras que con la nueva OEP tan solo se crean 4.500 plazas de empleo neto).
Por otra parte, la temporalidad en las Administraciones Públicas permanece estancada casi en el 30% y el TJUE está exigiendo elevar las indemnizaciones a las personas afectadas y concretar las sanciones a las administraciones que abusen.
Por consiguiente, las tres organizaciones sindicales presentes en la Mesa General de Función Pública exigen iniciar la negociación de un nuevo acuerdo que permita aplicar la subida salarial de este año y recuperar poder adquisitivo al conjunto de empleadas y empleados públicos, mejorar sus condiciones laborales y establecer un plan de empleo que mejore nuestros servicios públicos







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