



La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, avanzó este lunes que “mañana verá la luz la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería”, que tiene por objetivo simplificar trámites y “agilizar procesos”, como la reagrupación familiar y la regulación de trabajos temporales.
Saiz hizo este anuncio en declaraciones a la prensa tras la 2ª reunión del Consejo Asesor sobre Brecha de Género celebrada en la sede de este departamento, que prestó especial atención a la discriminación que viven las mujeres migrantes.
Según ya ha explicado el Ministerio, la reforma reducirá plazos, simplificará procedimientos, eliminará duplicidades y “dará mayor garantía y cobertura jurídica” a empresas interesadas en la contratación de personas extranjeras en origen, a fin de promover la migración regular y segura.
Incluye un apartado específico dedicado a los visados, que tendrán una duración inicial de un año.
De este modo, el Ministerio busca dar más flexibilidad para que los solicitantes puedan acreditar su situación en España.
Las autorizaciones temporales también tendrán una vigencia inicial de un año y podrán renovarse por cuatro años más, de forma que solo será necesaria una renovación antes de acceder a ‘la autorización de larga duración’. Ello facilitará las reagrupaciones familiares.
ESTUDIOS
Por otro lado, los permisos para cursar estudios superiores no tendrán que renovarse, sino que se concederán por el tiempo que dure la formación.
Además, estos alumnos disfrutarán de una vía rápida o 'Fast-track' para enlazar con una autorización de trabajo una vez terminen estudios. El objetivo de esta medida es retener talento formado en España, apuntan desde Inclusión.
Finalmente, el nuevo Reglamento modifica el arraigo familiar, aprueba un estatuto de familiar de español y simplifica los requisitos para acreditar la suficiencia económica, de cara a poder acoger a un familiar.
En comparecencias previas, Saiz destacó el proceso de diálogo que ha acompañado la reforma del Reglamento de la Ley de Extranjería, en el que participaron “más de 120 actores, incluyendo ONG, organizaciones profesionales y administraciones locales y autonómicas”.
Con el respaldo de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración y la Comisión Interministerial de Migraciones, se ha buscado construir un marco legal que refleje las necesidades actuales del mercado laboral y los propios migrantes.
(SERVIMEDIA)
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