19F, jornada de lucha por la Justicia Social en los juzgados

El 19 de febrero, CGT Andalucía llevará a cabo una protesta ante las sedes de los juzgados de los social en nuestra comunidad autónoma por la situación de indefensión jurídica de la clase trabajadora derivada de la caótica situación de la jurisdicción social en Andalucía, ello en torno a la conmemoración del día mundial por la justicia social el 20 de febrero. 

Esta acción sindical de calle se hace más necesaria que nunca ante la ineficacia de la justicia social, que se va apagando cada día un poquito más. La última manifestación de este fenómeno lo encontramos con los señalamientos de juicios a años vista, son comunes las citaciones para el año 2028 por despidos, prestaciones, incapacidades, sanciones, modificaciones de condiciones de trabajo... JUSTICIA LENTA, NO ES JUSTICIA. 

Mientras que la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social establece plazos de días, el incumplimiento de las agendas judiciales resulta generalizado y es cada vez más infrecuente encontrar alguna causa judicial que se pueda resolver antes de un plazo que siempre se cuenta por demasiados meses y años. La justicia tardía nunca puede ser justicia. Y menos aún en lo Social. 

En Andalucía, los Juzgados de lo Social no están al borde del colapso, están colapsados demostrando absoluta falta de medios humanos, materiales, de recursos, etc. Buena prueba de ello son las noticias aparecidas en prensa sobre la situación de los señalamientos judiciales en cualquier provincia andaluza… Demandas cuyas vistas judiciales se fijan para 2027 o 2028 no extrañan ya a nadie familiarizado con la jurisdicción social. Esta es la situación que padecemos y que no genera ninguna alarma relevante para los responsables políticos, no en vano quien se beneficia de la situación de parálisis e indefensión de las personas trabajadoras son las empresas y patronales incumplidoras. 

Es inaceptable que en 2025, pleno siglo XXI, se sigan acumulando toneladas de folios en pasillos de sedes inadecuadas y aceptando retrasos quinquenales, que los juzgados no estén adaptados a las nuevas tecnologías y sobre todo, que no se disponga de medios materiales ni humanos para atender este servicio público esencial. Cualquier persona dispone hoy día de mejores medios técnicos que multitud de juzgados, por increíble que parezca. 

Está claro, que hay una voluntad política deliberada por denigrar la justicia como servicio público. Y esto no es sino el primer paso, para iniciar la privatización. Degradar lo público para a continuación que los capitalistas se apropien y obtengan beneficios de esta operación. 

Observamos cómo surgen ya para posicionarse en el mercado toda suerte de mecanismos privados de mediación y fórmulas alternativas –todas ellas bajo el amparo de la “colaboración público-privada”- para resolución de conflictos. 

Los señalamientos a años vistas empujan además en esa misma dirección. Se obliga de facto a evitar o abandonar las reclamaciones judiciales que dejan ser útiles y no surten efecto. Se impone por la vía de hecho el abandono de debates jurídicos que adolecerán de “pérdida sobrevenida de objeto”. De esta manera se desincentiva acudir a los Tribunales y se debilita aún más la posición de las/os trabajadores, que ya vienen arrastrando importantes cargas desde la Reforma Laboral de 2012. 

A fecha de hoy, esa Reforma de M. Rajoy ha sido avalada por la Ministra Yolanda Díaz en su NO REFORMA LABORAL y sigue plenamente vigente (reducción de indemnizaciones en caso de despido, desaparición de salarios de tramitación ante despidos improcedentes, mayor flexibilidad, reducción de prestaciones por desempleo y pensiones, etc.) y no ha sido siquiera modulada en sus aspectos más lesivos. 

Asimismo, con el retraso judicial generalizado se articula un mecanismo gratuito de financiación para quienes optan por incumplir la ley. Quienes incumplen se benefician así de retrasos que los favorecen precisamente por no cumplir con las normas. A mayor incumplimiento, mayor premio. Es el colmo de un despropósito, sobre el que la patronal –la más incumplidora atendiendo a las estadísticas judiciales- mantiene un indisimulado silencio. La dilación en el tiempo de las condenas por abusos laborales es otro favor en su favor. 

Por ello exigimos el Cumplimiento de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Social LRJS y el respeto de los plazos que en ella se establecen y proponemos, entre otras medidas:

• Aumento del número de Juzgados de lo Social en toda Andalucía
• Implantar Juzgados de lo Social de Ejecución (para agilizar las ejecuciones). Estos existen, por ejemplo, en Madrid y Barcelona.
• Agilizar el sistema de notificaciones a las demandadas pues entre notificación por correo certificado, después vía SCACE y por último la publicación en el BOP de cada uno de los actos del Juzgado hay demoras de más de un año si la empresa desaparece o se hace la desaparecida.
• Modificación de la LRJS y la LISOS aumentando las indemnizaciones a las personas trabajadoras y las sanciones a las empresas incumplidoras 

Por todo esto, desde CGT Andalucía, Ceuta y Melilla además de organizar actos de protesta ante los Juagados de lo Social el 19 de febrero, hacemos un llamamiento a la clase trabajadora para exigir una JUSTICIA JUSTA como servicio público y universal para la ciudadanía y poder avanzar con ello en alcanzar la Justicia Social y que esto no quede solo en una fecha conmemorativa en el calendario todos los 20 de febrero.

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