



El PSOE defiende en la ponencia marco que debatirá en el 41 Congreso Federal "ahondar" en el proceso de federalización del Estado asegurando que "España es un caso de éxito en su proceso de descentralización", a la vez que esquiva hablar sobre la financiación singular para Cataluña, pactada entre el PSC y ERC a cambio de investir a Salvador Illa al frente de la Generalitat.
Los socialistas proponen "ahondar" en el proceso de federalización del Estado, que ya recogieron en la Declaración de Granada de 2013, en la ponencia que este martes hicieron pública y que se debatirá en el 41 Congreso Federal que la formación celebrará en Sevilla los días 30 y 31 de noviembre y 1 de diciembre.
Se trata del documento que marcará la ruta ideológica del partido hasta el próximo ciclo electoral de 2027 y los socialistas buscan debatir aspectos ideológicos, como el avance en la federalización de España. Así, destacan que "quedan pendientes de desarrollar herramientas federales de coordinación, armonización y participación territorial en las cuestiones estatales para que mejore el funcionamiento de nuestro modelo territorial, la cogobernanza y la prestación de servicios a los ciudadanos".
La formación busca una solución que consistiría en "mejorar la claridad del reparto competencial" estableciendo como ejemplo convertir el Senado en una verdadera Cámara de representación territorial o "institucionalizar" las relaciones entre comunidades autónomas. El propósito de los socialistas pasa por construir un modelo estatal "menos centralista y más solidario, que ayude más a los territorios menos desarrollados".
Por otro lado, los socialistas evitan hablar sobre la financiación singular para Cataluña asegurando que "todas las autonomías dispondrán de más recursos que en la actualidad", con lo que evitan el revuelo interno suscitado en algunas federaciones tras el pacto entre el PSC y ERC.
Los socialistas esgrimen que el desafío “más urgente” que España afronta hasta 2030 es lograr un modelo de financiación “más justo y sostenible” que reemplace el sistema vigente, que se aprobó en 2009 y debía haberse actualizado en 2014. Asimismo, señalan que “persisten desigualdades injustificadas en la financiación por habitante ajustado, lo que genera una redistribución donde las comunidades autónomas con mayor capacidad fiscal acaban recibiendo menos recursos que otros territorios”. Y, como crítica, sostienen que el sistema actual tiene una “fuerte descentralización del gasto” pero una “corresponsabilidad limitada en los ingresos” de la que se estarían beneficiando comunidades como Madrid, gobernada por la 'popular' Isabel Díaz Ayuso.
En este sentido, la ponencia refleja la máxima repetida en el partido que supone el "mantenimiento de la solidaridad a igual esfuerzo fiscal", que significa una crítica directa a la bajada de impuestos de las comunidades donde gobierna el PP y en las que, según los socialistas, se favorece a las rentas más altas para obtener un sistema “perfectamente conciliable con el adecuado, que no privilegiado, tratamiento de las singularidades”.
Los socialistas proponen, frente a estas "desigualdades" que atribuyen a las comunidades del PP, la revisión de la composición y armonización de la cesta de tributos para evitar la competencia a la baja en impuestos como Patrimonio, Sucesiones o los tramos más altos del IRPF. De ahí que los socialistas consideren en su ponencia que el actual sistema de financiación tampoco resuelve “adecuadamente el problema de las singularidades territoriales”.
Entre otras medidas a destacar, los socialistas también proponen reformar la Constitución para blindar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio entre cónyuges del mismo sexo y el carácter público de la vivienda protegida, así como la obligatoriedad de revalorizar el Salario Mínimo Profesional (SMI) para que siempre esté por encima del 60% del salario medio, tal y como recomienda la Carta Social Europea.
Otra de las medidas que plasman en esta ponencia marco es la creación de un "escaño ciudadano" en el Congreso de los Diputados y en el Senado "como espacio de participación directa de la ciudadanía" y la creación de un "Fondo de Resiliencia frente a la Emergencia Climática" con el objetivo de "proteger a aquellas personas y comunidades más vulnerables, en especial en el medio rural y litoral", y promover "una transición ecológica justa en todas las actividades económicas a los efectos directos del cambio climático".
El documento ha sido remitido este martes a las federaciones socialistas, en las que las asambleas de las agrupaciones de militantes podrán presentar enmiendas hasta el 9 de noviembre.
(SERVIMEDIA)
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