La Junta de Andalucía repartió a dedo 458 millones de euros

El escándalo de los contratos en Andalucía ha sacudido la confianza pública, revelando un complejo entramado de adjudicaciones que, según los informes de la Junta de Andalucía, se realizaron de manera indebida.

La magnitud del caso, con 458,3 millones de euros distribuidos a través de miles de contratos menores para eludir la normativa de publicidad y competencia, ha generado una ola de indignación y demandas de responsabilidad. Los informes de la Intervención describen un patrón de "fraccionamiento masivo e indebido", calificándolo como un "fraude de ley" por apartarse completamente del procedimiento legal establecido.

Este sistema de contratación ha favorecido a un conjunto específico de empresas, beneficiando principalmente a sectores como el farmacéutico, la construcción y la tecnología, lo que plantea serias preguntas sobre la equidad y transparencia en la gestión de fondos públicos.

La situación ha llevado a partidos de la oposición y a otros grupos a exigir explicaciones y a tomar medidas legales para abordar las presuntas irregularidades y asegurar que tales prácticas no se repitan en el futuro.

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