Parque Toledo, España –
Derecho a la vivienda, movimientos sociales y construcción de alternativas.
Dentro de la 4ª edición de la Universidad de Verano del Humanismo Universalista, ha tenido lugar una mesa redonda sobre el derecho inalienable a una vivienda. Pilar Paricio, compañera de esta casa y arquitecta, coordinó la mesa y expuso la problemática general que acompaña al que está considerado como el problema que más preocupa a los españoles: el de acceso a la vivienda. La acompañaron Ruth Galan, portavoz y militante del Sindicato de Inquilinas* de Madrid y José Maria Torralbo, portavoz y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Móstoles. Podéis ver el vídeo de la actividad completa debajo.
Vídeo: Ángel Bravo.
La vivienda está reconocida como un derecho fundamental por el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el artículo 47 de la Constitución Española y los estatutos de las diferentes autonomías españolas, sin embargo, algunos sectores la entienden como un activo inmobiliario, una inversión, de la cual hay que generar los mayores beneficios posibles. Esta contradicción está en el centro del problema. Mientras para muchas personas la vivienda es el lugar donde desarrollar su vida, para pocos inversores es un activo del que obtener la mayor rentabilidad posible.
La vivienda, un coste cada vez más inasumible
La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas sociales de las ciudades españolas. Para una parte creciente de la población, acceder a una vivienda y, sobre todo, poder mantenerla, exige dedicar una proporción cada vez mayor de los ingresos familiares.
Los precios muestran la dimensión del problema, según los portales inmobiliarios, el alquiler de un piso tipo de 80 m² en el área metropolitana de Madrid se sitúa de media en torno a 1.150 €/mes (hablamos del área metropolitana, que incluye Móstoles o Alcobendas, porque en Madrid capital asciende a 2.126 €/mes).
La situación es similar en Barcelona. El precio medio del alquiler se sitúa entre los 1.160,99 €/mes, según datos oficiales, y los 1.366 €/mes, según los portales inmobiliarios.
Otro caso especialmente significativo es el de Málaga, donde el área metropolitana ha experimentado un fuerte incremento de los precios. Según los portales inmobiliarios, los alquileres se sitúan aproximadamente entre 1.300 y 1.660 €/mes, consolidando a Málaga como uno de los mercados inmobiliarios con mayor crecimiento de precios de España.
Recordemos que el SMI en España en 2026 es de 1.424,50 € brutos/mes). Esto implica que una parte importante de las familias debe destinar más del 40 % de sus ingresos, e incluso el 50 % o el 70 %, al pago de la vivienda.
El problema no es exclusivo de las grandes ciudades españolas. También afecta a numerosas áreas metropolitanas europeas. En el Área Metropolitana de París y en Londres, por ejemplo, el alquiler medio de un apartamento se sitúa alrededor de los 2.000 €/mes, reflejando una tendencia generalizada de encarecimiento de la vivienda en las principales áreas urbanas europeas.
Esta situación dificulta el acceso a la vivienda a una gran parte de la población joven que está en edad de emancipación y a familias que se cambian de ciudad, de país o se separan.
Además de las dificultades para acceder por primera vez a una vivienda, a partir del 2015, la crisis habitacional adquiere una nueva dimensión; la pérdida de la vivienda de familias que ya disponen de una, como consecuencia de la rescisión de contratos de alquiler, aumento abusivo del precio del alquiler, acoso inmobiliario, desahucios u otras situaciones.
Los desahucios representan una de las manifestaciones más graves de esta problemática, entre el 2008 y el 2024 se produjeron más de un millón de lanzamientos según el Consejo General del Poder Judicial y el Observatorio de Vivienda (eso no significa que un millón de familias hayan sido expulsadas efectivamente de sus casas, ya que los lanzamientos no siempre acaban en desahucios).
Las causas del encarecimiento de la vivienda
Algunas de las causas de este fuerte aumento de los precios de la vivienda han sido:
- El trasvase de una parte los parques de vivienda a otros usos como uso turístico.
- La financiarización de la vivienda, tratándola como un activo de inversión.
- La aparición de las SOCIMIS, (Sociedades Cotizadas de Inversión Inmobiliaria) que compran edificios para alquilarlos a precios más altos, expulsando a los inquilinos históricos y gentrificando nuestros barrios.
- La falta de un parque de vivienda pública o de vivienda de protección a precio asequible.
- Salarios bajos en relación al precio de la vivienda. El incremento de los costes de la vivienda ha sido muy superior al crecimiento de los sueldos. Entre 2000 y 2023, los ingresos aumentaron un 87,7 %, mientras que los alquileres lo hicieron en un 178,3 %. Esta evolución evidencia una pérdida progresiva de capacidad adquisitiva de las familias en relación con el coste de acceder a una vivienda.
- El incremento del coste de los materiales y de la mano de obra.
- En algunas ciudades, construcción insuficiente respecto al crecimiento del número de hogares, aunque aumentar la oferta, por sí solo, tampoco garantiza que las viviendas sean accesibles para quienes las necesitan.
El impacto de la pérdida de vivienda en las personas
La pérdida de una vivienda o la imposibilidad de acceder a una genera una situación de fuerte violencia con graves consecuencias en la salud física y mental de las personas. La Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) ha documentado el impacto que la inseguridad residencial tiene sobre la salud y el bienestar de las familias.
En uno de sus estudios, realizado a partir de más de 11.000 encuestas a personas afectadas, el 77 % manifestó sufrir un nivel alto de ansiedad. Además, la dificultad para mantener una vivienda estable obliga a muchas familias a reducir otros gastos básicos, como la alimentación, la ropa o los suministros del hogar. La PAH constató que, entre las personas afectadas, el 45 % tenía dificultades para hacer frente al gasto en alimentos y el 65 % para pagar los suministros.
Esta situación afecta especialmente a los hogares con menores, ya que la inestabilidad residencial puede alterar su entorno educativo y social. En el caso de las personas mayores, la pérdida de la vivienda puede tener consecuencias graves debido a su menor capacidad de adaptación y a su mayor dependencia de las redes familiares, sociales y sanitarias. El cambio de entorno puede provocar aislamiento social, pérdida de las redes de apoyo, desestabilización de enfermedades, empeoramiento de problemas cognitivos y demencias y una pérdida significativa de autonomía.
Por tanto, la dificultad de acceso a una vivienda asequible no es únicamente un problema económico, sino también un problema de salud, bienestar y desigualdad social. Cuando una parte excesiva de los ingresos familiares se destina a la vivienda, disminuyen los recursos disponibles para cubrir otras necesidades básicas y aumenta la inseguridad y la vulnerabilidad de los hogares. Como señala la propia PAH, garantizar una vivienda digna y asequible es una condición necesaria para poder ejercer otros derechos y desarrollar una vida con autonomía y seguridad.
De la protesta a la propuesta
Ante esta situación, los movimientos sociales han tenido un papel fundamental. Su importancia no reside únicamente en su capacidad de protesta, también está en su capacidad para convertir las reivindicaciones en propuestas y las propuestas en cambios concretos. La historia europea de la vivienda ofrece numerosos ejemplos.
A principios del siglo XX, las asociaciones de inquilinos, los movimientos sindicales y las cooperativas obreras reaccionaron frente al hacinamiento, la insalubridad y los elevados alquileres. Las “rent strikes” de Glasgow (1915), contribuyeron a impulsar medidas de control de alquileres en Reino Unido. En Barcelona, la huelga de inquilinos de 1931 reclamó una reducción de las rentas y una mayor protección frente a los desahucios. Como respuesta, surgieron las primeras políticas de vivienda, impulsadas por empresarios, cooperativas y gobiernos, como la construcción de viviendas sociales, la regulación de los alquileres y el apoyo a cooperativas de vivienda.
Después de la Segunda Guerra Mundial, muchos países europeos ampliaron enormemente sus parques de vivienda pública como parte de la construcción del Estado del bienestar. Durante este periodo se impulsó la construcción masiva de viviendas asequibles, se mantuvieron sistemas de regulación del alquiler, se facilitó el acceso a la financiación hipotecaria y se reforzó la intervención del Estado en la planificación y provisión de vivienda. El objetivo común de estas políticas era garantizar el acceso a una vivienda digna como un derecho social y un pilar fundamental del Estado del bienestar.
A partir de los años ochenta, este modelo comenzó a transformarse, las políticas neoliberales impulsaron la liberalización y privatización del sector. Se redujo la intervención pública, se fomentó la propiedad privada y la vivienda adquirió cada vez más importancia como activo económico. Muchos países redujeron la inversión pública en vivienda, privatizaron gran parte del parque de vivienda social, promovieron la propiedad frente al alquiler con incentivos fiscales para comprar vivienda. El sector inmobiliario se convirtió en un motor económico y los precios de la vivienda aumentaron considerablemente.
Esta tendencia contribuyó a la formación de la burbuja inmobiliaria que en España desembocó en la crisis de 2008, provocando desempleo, ejecuciones hipotecarias y miles de desahucios. Entre 2007 y 2014 y según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se registraron alrededor de 600.000 procedimientos de ejecuciones hipotecarias, además, debido al régimen de responsabilidad hipotecaria personal e ilimitada vigente en España, muchas familias perdieron su vivienda y continuaron endeudadas cuando el valor obtenido en la subasta no fue suficiente para saldar la totalidad del préstamo. El estado español no permitió hacer una quita a las familias, sin embargo, permitió que las entidades bancarias se quedaran con las viviendas de las familias desahuciadas a precios muy bajos. Mientras numerosas familias perdían sus hogares y seguían endeudadas, el sistema financiero recibía apoyo público para afrontar su crisis de liquidez y solvencia.
Ante esta situación, surgieron movimientos como la PAH (Plataforma de Afectados por las Hipotecas) en 2009, que comenzaron a denunciar la problemática de la vivienda y a exigir respuestas y soluciones por parte de las administraciones públicas.
Algunas de las campañas realizadas por la PAH han sido: Stop desahucios, escraches, Obra social de la PAH, Dación en pago retroactiva, Vivienda social y suministros. Con estas acciones la PAH ha logrado frenar miles de desahucios, facilitar realojos y negociar con las entidades financieras daciones en pago y alquileres sociales. Pero uno de sus principales logros ha sido transformar la mirada sobre los desahucios: frente a la culpabilización individual de las familias, los ha explicado como un problema estructural y convertido a las personas afectadas en protagonistas de la defensa colectiva del derecho a la vivienda.
Desde 2015 la crisis de la vivienda se ha recrudecido y el acceso a la vivienda en Europa se ha deteriorado de forma significativa. La entrada de grandes fondos de inversión que compran edificios, en muchos casos ya habitados por inquilinos, con el objetivo de incrementar su rentabilidad a través del aumento desorbitado de los alquileres, la no renovación de contratos o, en algunos casos, prácticas de acoso inmobiliario, ha generado esta nueva crisis que expulsa a los inquilinos históricos y gentrifica los barrios. Estas prácticas, junto con el trasvase de una parte de las viviendas a uso turístico y la falta de un parque de vivienda pública o de vivienda de protección a precio asequible han aumentado los precios de alquiler muy por encima de los salarios.
El Sindicato de Inquilinas nació en mayo de 2017, con el objetivo de defender el derecho a la vivienda, frenar la especulación y luchar por alquileres asequibles, estables y dignos.
Algunas de las campañas realizadas por el Sindicato de Inquilinas han sido: Huelga de alquileres, movilizaciones, Campaña de prórrogas de alquiler, Ley antiestafas etc. Los Sindicatos de Inquilinas han contribuido a transformar el marco legal del alquiler, impulsando medidas de regulación de rentas y mayor estabilidad contractual. Han desarrollado estrategias de negociación colectiva frente a grandes propietarios y fondos de inversión, logrando mejoras para comunidades enteras de inquilinos. A través de sus asambleas, han dado herramientas y apoyo mutuo a miles de personas frente a abusos y problemas contractuales. Finalmente, han contribuido a situar el alquiler y la vivienda en el centro del debate público, reivindicándolos como derechos y no únicamente como relaciones de mercado.
La protesta, por tanto, es una acción necesaria para exigir políticas de vivienda. Históricamente ha sido uno de los mecanismos que han contribuido a transformar estas políticas.
Para hablar de este tema nos han acompañado dos grandes activistas por el derecho a la vivienda: Ruth Galan, portavoz y militante del sindicato de inquilinas de Madrid y José Maria Torralbo portavoz y activista de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) de Móstoles en la que participa desde el 2014 y colaborador de la plataforma de afectados de la vivienda pública y social.
*El Sindicato de Inquilinas es el colectivo que ha convocado las manifestaciones y acampadas que actualmente ocupan las principales plazas españolas.
Pilar Paricio
Barcelona. Arquitecta, especializada en planificación urbana. Trabaja por el avance de la población en derechos básicos como el derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad. Involucrada con el cambio social y personal, participa en el Nuevo Humanismo.
Tomado de Pressenza
