En los cuatro años posteriores a la pandemia (2021 a 2025) han aumentado en 23.075 las plazas residenciales, mientras que la población mayor de 65 años ha aumentado en más de 800.000 personas.
412.109 plazas residenciales para mayores había en España al comienzo de 2025, 17.044 más que el año anterior (+4,3%).
339.655 personas viven en centros residenciales de mayores, 62.634 más que el año anterior (+15,9%), lo que supone una ocupación del 82,4 % de las plazas existentes.
La ocupación total alcanza el 82.4% de las plazas (339.065 personas usuarias). Lo cual pone de manifiesto que las residencias siguen siendo una gran necesidad en nuestro país, por el incremento de población de avanzada edad y en situaciones de dependencia y necesidad de cuidados de larga duración. Sin embargo, el déficit de plazas residenciales sigue aumentando: si en 2014 faltaban 53.103 plazas para alcanzar la ratio del 5%, en el último año este déficit casi se duplica, alcanzando las 96.916.
Atendiendo a la demanda que existe actualmente sin atender, serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales para las personas con Dependencia Severa (Grado II) o Gran Dependencia (Grado III).
Según los últimos datos oficiales (Estadísticas SAAD. Noviembre 2025. IMSERSO) hay en lista de espera de ser atendidas 32.842 personas con Grado II y 15.686 con Grado III, más 57.091 pendientes de valorar, que previsiblemente obtendrán uno de esos grados. Si se aplica el porcentaje de personas atendidas en residencias (34% de grado III y 21% de grado II) la demanda actual de un servicio residencial en plaza concertada o prestación vinculada sería de 32.241 personas en situación de dependencia severa o gran dependencia. Además, hay 6.652 PIAS no efectivos de residencias y 12.070 PIAS no efectivos para prestaciones vinculadas para residencias. Sin contar las revisiones de grado solicitadas, obviamente por empeoramiento, por lo que buena parte de ellas será para poder solicitar una plaza residencia. De ahí la estimación de que serían necesarias no menos de 50.000 plazas residenciales sólo para atender la demanda de la lista de espera de la dependencia.
Hemos solicitado al Ministerio de Derechos Sociales y a las Consejerías competentes de las Comunidades Autónomas información de cuántas personas en situación de dependencia están a la espera de una plaza residencial o una prestación vinculada al servicio para una plaza residencial y cuál es el tiempo de espera. Hasta el momento no han contestado.
Las Comunidades con mayor déficit de plazas siguen siendo Andalucía y Valencia, con 36.327 y 26.929 respectivamente; entre las dos suponen las tres cuartas partes del déficit (65,3%). Mientras que en siete Comunidades hay un exceso de plazas, destacando Castilla y León, con 16.712.
5 Comunidades expresan una ocupación casi completa de sus plazas residenciales, con porcentajes superiores al 95%: Extremadura (con un poco creíble porcentaje del 100%), Canarias, Castilla-La Mancha, Baleares y Madrid. Mientras que otras Comunidades tienen porcentajes muy bajos, lo que sugiere una inadecuada distribución de sus plazas residenciales o un elevado coste de las mismas que las hace inaccesibles para buena parte de quienes las necesitan, como Asturias, País Vasco y la Comunidad Valenciana.
7 de cada 10 plazas residenciales de mayores son de financiación pública
El 71,1% de las plazas residenciales de personas mayores son de financiación pública, un total de 292.986, frente a las 119.123 exclusivamente privadas. Las plazas de financiación pública incluyen a las plazas en centros públicos, a las plazas concertadas en centros privados, y a las plazas que se financian con la prestación vinculada al servicio.
Tanto el número como el porcentaje de plazas de financiación pública ha aumentado desde 2015, hasta alcanzar 2,88 plazas por cada 100 personas mayores de 65 años, la más elevada hasta la fecha. Las Comunidades con mayor cobertura de plazas de financiación pública son Castilla y León y Castilla-La Mancha, seguidas de Extremadura y Aragón. Las Comunidades con menos plazas de financiación pública son Canarias, Murcia y Valencia.
Desinstitucionalizar: un camino por recorrer
El Ministerio de Derechos Sociales planteó en 2023 con las Comunidades una estrategia de desinstitucionalización, para favorecer la permanencia de las personas en situación de dependencia en su hogar, lo que, de lograrse, reduciría la necesidad de plazas residenciales. Un objetivo que se complementaría con la humanización de los centros con un nuevo modelo residencial, en línea con la propuesta que planteó nuestra Asociación https://directoressociales.
Sin embargo, no se han dado pasos en esta estrategia, reforzando los servicios de atención domiciliaria, cuyo exponente más importante es la ayuda a domicilio. En 2023 este servicio sólo tiene una cobertura de 5,8%, sólo ocho décimas más que en el año previo a la pandemia. Por otra parte, la media de horas de atención y cuidados sólo alcanza 23,8 horas mensuales, ni siquiera tres horas más que en el año 2012. Estos datos tan pobres y la escasa evolución que registran en los últimos años, impiden avanzar en la estrategia de desinstitucionalización, sin que su coste recaiga sobre las propias personas o sus familiares, y casi siempre en perjuicio de la vida personal y de la conciliación de quienes suelen ser de manera abrumadora quienes proporcionan estos cuidados: las mujeres
Necesidad de disponer de datos y referencias fiables para la planificación
El Ministerio de Derechos Sociales publicó en abril de 2024 el primer Censo de Centros Residenciales en España, en el marco del Plan Estadístico Nacional. De manera sorprendente, los datos de ese Censo diferían de manera importante a los del tradicional Informe Mayores presentados por el mismo organismo (IMSERSO); así, frente a las 398.575 plazas del Informe, el Censo ofrecía el dato de 323.272 “censadas” (381.514 según estimación). A pesar del compromiso de actualizar el Censo en 2025, ésta no se ha realizado. Esperamos ver si, cuando se haga, las cifras coinciden o se acercan más, para que podamos conocer la realidad de este sector tan importante para la protección social en España.
Por otra parte, venimos advirtiendo que el índice de cobertura que se utiliza, tomando como referencia la población mayor de 65 años, resulta inadecuada en la sociedad actual. La media de edad de las personas mayores en residencia se sitúa en torno a los 85 años -en el propio Informe se dice que el 75,5% de las personas que viven en residencias tienen más de 80 años- en una tendencia a que cada vez sean personas más mayores, en parte por la prolongación de la vida y de la edad en la que aparecen las situaciones de dependencia y, en parte también, porque las personas deseamos, cada vez más, permanecer en nuestra propia casa el mayor tiempo posible.
Solicitamos al IMSERSO que proponga al Consejo Territorial un acuerdo para fijar una ratio más adecuada a la sociedad actual y a la situación y demandas de las personas mayores.
Unas referencias imprescindibles ya que todavía se siguen creando centros residenciales a golpe de promesa electoral. Frente a estas prácticas debe prevalecer una planificación racional de manera que si hay que construir nuevos centros se haga allí donde viven las personas que las necesitan y sus familiares, ya que las residencias deben ser servicios de proximidad.
Se adjuntan anexos con gráficos de detalle sobre la cobertura en el conjunto de España y en cada una de las Comunidades Autónomas, y su evolución en los últimos once años.
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