La nueva licitación para gestionar los diez centros del 112 Andalucía ha quedado completamente desierta. Ni Ilunion Emergencias, actual adjudicataria, ni ninguna de las empresas que habitualmente concurren a este tipo de contratos han presentado oferta para hacerse con un servicio valorado en 62.766.496,87 euros. La situación, lejos de ser anecdótica, ha encendido todas las alarmas en CGT Andalucía, que denuncia una maniobra calculada para perpetuar la precariedad laboral y aumentar el lucro empresarial a costa de un servicio esencial para la ciudadanía.
Un contrato millonario sin pretendientes
El 112 es la puerta de entrada a todas las emergencias en Andalucía. Cada minuto, alguien marca esos tres números que pueden salvar vidas. Sin embargo, el contrato para gestionar el servicio —uno de los más importantes de la comunidad— ha quedado sin empresas interesadas. Para CGT, este hecho no es casual: supone prorrogar de facto a Ilunion Emergencias sin abrir la puerta a mejoras laborales, salariales o organizativas para la plantilla.
El sindicato denuncia que las empresas que suelen competir por este tipo de contratos —a las que califican como “sanguijuelas” que se lucran de las urgencias de la ciudadanía— estarían presionando al Gobierno andaluz para incrementar aún más su beneficio económico.
CGT acusa a las empresas de chantaje y al Gobierno andaluz de connivencia
Según el comunicado, la falta de ofertas es una forma de chantaje empresarial: si la Junta de Andalucía no permite que el servicio sea gestionado directamente desde lo público —a través de la Agencia EMA— las empresas ven una oportunidad para exigir más dinero y mantener condiciones laborales que el sindicato considera indignas.
CGT señala directamente al Gobierno andaluz y a su consejero Antonio Sanz, a quien acusa de favorecer a “empresas carroñeras” y de mantener un modelo que precariza y humilla a quienes atienden las emergencias de la comunidad.
Un negocio redondo: instalaciones públicas, beneficios privados
El comunicado subraya un dato clave: De los casi 63 millones de euros del contrato, alrededor de 30 millones quedarían limpios para la empresa adjudicataria.
Esto es posible porque:
- Las instalaciones del 112
- Las salas de atención
- Las líneas telefónicas
- Los sistemas informáticos
- El mobiliario
- Y el mantenimiento general
son sufragados por la Agencia EMA, es decir, por fondos públicos. La empresa externa solo asume los salarios de la plantilla, que CGT denuncia como “nimios” debido a que se rigen por el convenio de Telemarketing, uno de los más precarios del país.
Una oportunidad para la gestión pública… que podría perderse
Para CGT, la situación actual debería ser una oportunidad histórica: si ninguna empresa quiere gestionar el servicio, lo lógico sería internalizarlo y reconocer la profesionalidad de quienes atienden las emergencias.
Esto permitiría:
- Dignificar la profesión
- Mejorar salarios y condiciones
- Garantizar estabilidad
- Evitar el lucro privado con un servicio esencial
- Reforzar la calidad de la atención a la ciudadanía
Sin embargo, el sindicato teme que el Gobierno andaluz opte por inyectar aún más dinero público para que Ilunion Emergencias vuelva a hacerse con el contrato, perpetuando el modelo actual.
CGT anuncia vigilancia y acción sindical
CGT Andalucía afirma que permanecerá vigilante ante cualquier maniobra irregular en el proceso de licitación. El sindicato asegura que actuará con “rigor y fuerza” dentro de la legalidad para evitar que se produzcan “enjuagues” destinados a enriquecer a empresas afines mientras se mantiene la precariedad de las plantillas del 112.
Para finalizar
La licitación desierta del 112 Andalucía abre un escenario complejo: un servicio esencial sin empresas dispuestas a gestionarlo, un Gobierno que rechaza la gestión pública directa y un sindicato que denuncia presiones, precariedad y lucro privado.
Lo que ocurra en las próximas semanas será decisivo para el futuro del servicio de emergencias en Andalucía y para quienes, cada día, atienden las llamadas que pueden marcar la diferencia entre la vida y la muerte.
Fuente CGT Andalucía, Ceuta y Melilla
