Más de un millar de personas han recorrido hoy las calles de la ciudad en una multitudinaria manifestación convocada por el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Málaga para exigir soluciones urgentes ante la crisis habitacional que atraviesa la capital y para mostrar su apoyo a las familias del número 15 de la Avenida de Europa, amenazadas de desahucio tras la compra del edificio por una empresa privada.
Bajo lemas como “Casas para vivir” y “El 15 de Avenida Europa no se toca”, la marcha ha reunido a vecinos del distrito de Carretera de Cádiz, colectivos sociales, plataformas por la vivienda y organizaciones sindicales. Las 17 a 23 familias afectadas —según distintas fuentes— han encabezado la movilización, visibilizando una situación que consideran “insostenible” ante el aumento del precio del alquiler y la presión especulativa que sufre la zona.
Un conflicto que simboliza la crisis de vivienda en Málaga
El bloque de Avenida de Europa 15 se ha convertido en un símbolo de resistencia vecinal. Tras la compra del edificio por una empresa que pretende reformarlo y ponerlo en alquiler a precios más altos, los inquilinos han comenzado a recibir notificaciones de no renovación y amenazas de desalojo. Muchas de estas familias llevan décadas residiendo en el inmueble y denuncian que no tienen alternativa habitacional viable.
La manifestación ha denunciado también el impacto de la Ley Andaluza de Vivienda y la caída del Decreto-Ley Ómnibus, que, según los colectivos convocantes, “agravará la oleada de desahucios” en la ciudad.
Amplio respaldo social
La asistencia ha superado ampliamente el millar de personas, según los organizadores, en una de las movilizaciones por la vivienda más numerosas de los últimos meses en Málaga. La marcha ha contado con la presencia de asociaciones vecinales, plataformas como Un Techo por Derecho, representantes de movimientos sociales y numerosos residentes del distrito, uno de los más afectados por la subida del alquiler en la ciudad.
Exigencias al Ayuntamiento y a la Junta
Los convocantes han reclamado al Ayuntamiento de Málaga y a la Junta de Andalucía que paralicen los desahucios en curso, garanticen alternativas habitacionales dignas y adopten medidas estructurales para frenar la especulación inmobiliaria. También han exigido la intervención pública para proteger a las familias del bloque y evitar que sean expulsadas de su barrio.
