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Este informe, elaborado por la Oficina Regional para Europa de la OMS, fue presentado por la ministra de Sanidad, Mónica García, y el director de la OMS en Europa, Hans Kluge.
El documento pone de manifiesto que la atención sanitaria a mujeres y niñas víctimas de violencia de género “es gravemente insuficiente” en la mayoría de los 53 Estados miembros de la Región Europea.
Según los datos recogidos, el 28,6% de las mujeres y niñas mayores de 15 años en Europa ha sufrido violencia física y/o sexual a lo largo de su vida. No obstante, los sistemas sanitarios nacionales no han generalizado el acceso a los servicios recomendados por la OMS, tales como atención médica de urgencia, anticoncepción de emergencia, profilaxis para infecciones de transmisión sexual, asistencia psicológica y acceso seguro a la interrupción voluntaria del embarazo.
Por ello, durante su intervención, la ministra de Sanidad subrayó que “la violencia machista sigue siendo una de las mayores emergencias de salud pública” y que “España está comprometida con un sistema sanitario que detecta, protege y acompaña, que no reproduce el daño, sino que lo repara”.
Entre los datos del informe de la OMS destacan que un 32% de los países obliga al personal sanitario a reportar los casos de violencia incluso sin el consentimiento de la víctima adulta, contraviniendo las directrices de la OMS, que promueven un enfoque centrado en la autonomía, la confidencialidad y el respeto a los derechos de las mujeres. Esta obligación no solo vulnera la privacidad de las víctimas, sino que, según advierte el informe, las disuade de buscar atención médica por temor a ser expuestas o revictimizadas.
Apenas 17 países (32%) garantizan en sus políticas sanitarias el acceso tanto a la anticoncepción de emergencia como a la profilaxis postexposición al VIH, elementos considerados fundamentales para la atención inmediata tras una agresión sexual. La ausencia de estos servicios compromete la capacidad de respuesta del sistema sanitario y expone a las víctimas a riesgos evitables.
Además, 20 países (38%) han incorporado en sus normativas la provisión de profilaxis frente a infecciones de transmisión sexual (ITS), así como la evaluación en salud mental, dos componentes esenciales para una atención centrada en la recuperación física y emocional de las víctimas. No disponer de estos recursos limita el abordaje integral del daño sufrido y perpetúa brechas en la calidad de la atención.
Solo 23 países (43%) incluyen en sus políticas mecanismos claros de derivación hacia servicios especializados de salud mental, lo cual dificulta el acceso a apoyo psicológico adecuado y oportuno para las mujeres afectadas. Esta carencia reduce las posibilidades de recuperación emocional y puede agravar el impacto del trauma a largo plazo.
Igualmente, solo siete países (13%) contemplan el acceso al aborto seguro como parte de la atención sanitaria a las supervivientes de violencia sexual, lo que evidencia una grave omisión en la cobertura de los servicios esenciales recomendados por la OMS.
La falta de este recurso impide a muchas mujeres ejercer su derecho a una atención integral en contextos de violencia, con consecuencias directas sobre su salud física, mental y reproductiva.
El informe subraya que, aunque se observan avances como la inclusión de protocolos de atención inicial en dos tercios de los países y programas de formación para profesionales sanitarios en el 75%, estos logros resultan insuficientes sin una implementación plena del paquete de servicios esenciales.
La OMS, en su informe, resaltó que España ha incorporado medidas clave para reforzar la atención sanitaria a mujeres y niñas víctimas de violencia, entre las que destacan el acceso a derivaciones a servicios especializados de salud mental; protocolos de actuación en atención primaria que permiten la detección precoz de situaciones de violencia; o formación obligatoria para profesionales sanitarios, con el objetivo de mejorar la capacidad de respuesta del sistema y garantizar una atención centrada en la persona.
Por todo ello, la OMS exhortó a los Estados miembros a adoptar de manera urgente y coordinada tres medidas prioritarias: incorporar obligatoriamente en las políticas sanitarias nacionales el paquete completo de servicios esenciales para la atención a víctimas de violencia contra las mujeres, conforme a los estándares internacionales.
En segundo lugar, revisar y eliminar aquellas normativas que limiten una atención centrada en la persona, en particular las que imponen la denuncia obligatoria sin consentimiento, contraviniendo principios de confidencialidad y autonomía.
Y en tercer lugar, asignar recursos suficientes y sostenibles que garanticen la disponibilidad, accesibilidad y calidad de estos servicios en todo el territorio, sin desigualdades.



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