Las actuaciones de la APAE en relación al colectivo PTIS llegan a Fiscalía de la mano de CGT Andalucía

Las actuaciones de la APAE en relación al colectivo PTIS llegan a Fiscalía de la mano de CGT Andalucía.

CGT-A ha presentado denuncia ante la fiscalía de Málaga contra la Gerencia Provincial de la Agencia Pública Andaluza de Educación (APAE) en relación con la concesión de los contratos públicos del servicio de apoyo y asistencia escolar al alumnado con necesidades especiales (PTIS) en esta provincia.

La denuncia puesta en conocimiento del Ministerio Fiscal deriva del Procedimiento de Adjudicación de los Contratos Públicos del Servicio de Apoyo y Asistencia Escolar para Alumnado con Necesidades
Educativas Especiales en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de Málaga, dependientes de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional.

CGT-A ha formalizado la denuncia el día 14/01/2024, por unos hechos que podrían ser constitutivos de: UN DELITO CONTINUADO DE PREVARICACIÓN POR ADJUDICACIÓN ARBITRARIA DE CONTRATOS PÚBLICOS.

Tras la firma, por parte del actual Gobierno andaluz (PP-A), del (anticonstitucional) decretazo 231/2021, de 5 de octubre, la gestión de este servicio puede ser directa (personal laboral) e indirecta (personal externalizado).

La gestión indirecta es gestionada por la APAE mediante contrataciones públicas. Estas son en concreto las que son cuestionadas de legalidad ante un procedimiento repleto de irregularidades que se enumeran en una denuncia de más de 60 folios.

Desde CGT-A se ha detectado que a lo largo de estos últimos años se han estado adjudicando contratos del Servicio de Apoyo y Asistencia Escolar para Alumnado con Necesidades Educativas Especiales en los Centros Docentes Públicos de la Provincia de Málaga de forma arbitraria, sin comprobar de manera efectiva la exactitud de la información y las pruebas facilitadas por las empresas licitadoras en los criterios de valoración, baremación y adjudicación, como dicta el artículo 67.4 de la Directiva 2014/24/UE, así como otras irregularidades que agravan lo denunciado.

La financiación de este contrato público viene de una partida presupuestaria del erario, los responsables del mismo deben ejercer una total vigilancia desde su tramitación hasta su ejecución, función que no han ejercido en ningún momento los cargos públicos responsables y personal al servicio de la APAE, conllevando la elusión de los controles que el propio procedimiento y la legalidad establecen, pudiéndonos encontrar ante un delito continuado de prevaricación, sobre el que CGT-A ha solicitado pronunciamiento a la Fiscalía de Málaga para que dé traslado al juzgado de observarse indicios delictivos.

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