La última memoria anual del Defensor del Pueblo vuelve a poner el foco en un problema que, lejos de resolverse, sigue condicionando la vida de miles de ciudadanos: la falta de fibra óptica y de servicios de telecomunicaciones de calidad en amplias zonas de la España despoblada. El informe, elaborado bajo la dirección de Ángel Gabilondo, recoge un aumento de las quejas relacionadas con la conectividad, especialmente en municipios pequeños, aislados y con escasa densidad de población.
Según el documento, el despliegue de fibra óptica se ha convertido en una de las demandas más urgentes de la ciudadanía, ya que afecta directamente a las condiciones de vida, al acceso al empleo, a la educación y a la igualdad de oportunidades. La brecha digital, advierte el Defensor, no es solo un problema tecnológico: es un factor que profundiza desigualdades sociales y territoriales.
Una demanda común: conexión digna para vivir y trabajar
Las quejas recibidas por la institución reflejan una preocupación compartida: la necesidad de dotar a los pequeños núcleos de población de infraestructuras digitales básicas. En muchos casos, se trata de localidades donde la fibra óptica no llega o lo hace de forma deficiente, lo que limita el teletrabajo, la actividad económica y el acceso a servicios esenciales.
El Defensor ha trasladado estas reclamaciones a la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que asegura estar impulsando medidas para que los operadores reduzcan la brecha digital y contribuyan al reto demográfico. La Administración sostiene que, gracias a los programas de extensión de banda ancha, se han logrado avances significativos y que el objetivo es alcanzar una cobertura superior a 100 Mbps en 2025.
Sin embargo, los casos concretos muestran que el camino aún es largo. El informe cita, por ejemplo, la queja del municipio de Durón (Guadalajara), donde persisten deficiencias en el despliegue de fibra. La Secretaría de Estado señala que existen dos proyectos del programa ÚNICO Banda Ancha que incluyen zonas de esta localidad, con plazos de finalización entre diciembre de 2025 y abril de 2026.
Andalucía: avances desiguales y zonas que siguen desconectadas
Aunque Andalucía ha experimentado un notable despliegue de fibra en los últimos años, la realidad es desigual. En provincias como Jaén, Córdoba, Granada o Huelva, numerosos municipios rurales siguen sin acceso a una conexión estable y de alta velocidad. Las quejas se repiten en comarcas donde la orografía, la dispersión poblacional o la falta de inversión privada dificultan la llegada de la red.
En zonas de la Serranía de Ronda, la Alpujarra granadina, la Sierra de Huelva o la Subbética cordobesa, vecinos y ayuntamientos denuncian que la falta de conectividad limita el desarrollo económico, frena la llegada de nuevos residentes y dificulta la implantación de servicios públicos digitales. En algunos casos, incluso la telefonía fija presenta averías recurrentes, como recuerda el informe al citar el caso de Arangas de Cabrales (Asturias), donde un incendio dejó sin línea a toda la población.
En Andalucía, situaciones similares se han dado en pequeñas pedanías y aldeas donde una avería puede dejar incomunicados a los vecinos durante días, afectando a personas mayores, negocios locales y servicios de emergencia.
La brecha digital como freno al futuro
El Defensor del Pueblo insiste en que la conectividad es hoy un derecho básico, imprescindible para garantizar la igualdad territorial. Sin acceso a Internet de calidad, los pueblos pierden competitividad, población y oportunidades. La digitalización, que debería ser una herramienta para fijar habitantes y atraer actividad, se convierte en un obstáculo cuando las infraestructuras no llegan.
El reto es especialmente relevante en Andalucía, una comunidad con un amplio territorio rural y con zonas donde la despoblación avanza lentamente pero sin pausa. La falta de fibra no solo afecta al presente: condiciona el futuro.
Un horizonte de mejoras… pero aún lejano
Los programas estatales y europeos prometen avances, pero los plazos —2025, 2026 o incluso más allá— generan inquietud en los territorios afectados. Mientras tanto, la brecha digital sigue marcando diferencias entre quienes pueden teletrabajar, estudiar online o emprender desde su pueblo y quienes no.
El informe del Defensor del Pueblo es claro: la ciudadanía exige soluciones reales, rápidas y equitativas. Y Andalucía, con su diversidad territorial y su peso rural, necesita que la digitalización llegue a todos sus rincones para no quedarse atrás.
Fuente Servimedia
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