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La Fundación Alternativas, vinculada al PSOE, presentó este lunes en el Congreso de los Diputados su esperado Informe sobre la Democracia en España 2024, un documento que analiza el estado actual del sistema democrático español desde una perspectiva política, social y económica. En esta edición, el foco se ha centrado especialmente en el problema estructural de la vivienda, una cuestión que, según los expertos, requiere una intervención urgente y sostenida por parte del Gobierno.
Uno de los capítulos más destacados del informe lleva por título “El problema de la vivienda en España y el reto de transitar a un nuevo modelo”. En él, se advierte que el aumento de los precios tanto en compra como en alquiler continuará en los próximos años si no se adoptan medidas estructurales. Los autores del informe critican que las administraciones públicas han reaccionado tarde y que las políticas actuales, aunque han reforzado la posición de los inquilinos, no han logrado frenar la escalada de precios.
Ante este escenario, el documento recomienda a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, que impulse un plan de vivienda a medio y largo plazo, con objetivos claros de construcción de vivienda pública y una inversión equivalente al 1% del PIB. Esta propuesta busca ampliar el parque público de viviendas y responder a la creciente demanda, especialmente en zonas tensionadas.
El informe también propone medidas concretas para mejorar la gestión de datos sobre el mercado inmobiliario. Entre ellas, destaca la necesidad de que el Ministerio de Vivienda, en colaboración con el Catastro y la Agencia Tributaria, sistematice la información sobre viviendas arrendadas, diferenciando por tipo de propietario, uso, cuantía del alquiler y tipo de contrato.
Además, se sugiere que el Instituto Nacional de Estadística (INE) revise la metodología del IPC, incorporando los resultados de la nueva estadística de alquileres (IPVA), con el fin de reflejar con mayor precisión la evolución real del coste de la vivienda en España.
Durante la presentación del informe, Emilio Pajares, subdirector general del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, instó a evitar el “catastrofismo” en el análisis de la democracia española, aunque subrayó la importancia de mantener una actitud crítica. El documento se estructura en tres bloques: contexto político, estado del bienestar y ejes del debate público, y ofrece una visión multidisciplinar que incluye perspectivas del derecho, la sociología y la ciencia política.
Jesús Ruiz Huerta, director de Políticas Públicas de la Fundación Alternativas, destacó que este año se ha ampliado la muestra de encuestados y se han incorporado nuevas miradas académicas. Según sus palabras, “en un país tan desmemoriado como el nuestro, es fundamental mantener la senda del análisis y la valoración rigurosa”.
A pesar de los desafíos señalados, el informe concluye que la democracia española “funciona razonablemente bien”. No obstante, advierte que problemas como la crisis de la vivienda, la inmigración y la desigualdad requieren respuestas más ambiciosas y coordinadas entre las distintas administraciones.
La Fundación Alternativas insiste en que el debate democrático debe incluir no solo cuestiones institucionales, sino también los grandes retos sociales que afectan directamente a la ciudadanía. En este sentido, el acceso a una vivienda digna se convierte en un indicador clave del funcionamiento real del sistema democrático.
Fuente: Servimedia - Sigue nuestras noticias



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