Feijóo promete ahorrar 700 millones al campo

En paralelo, se comprometió con las principales organizaciones agrarias a trasladar al comisario de Agricultura y Alimentación de la Unión Europea, Christophe Hansen, su “preocupación” por el campo español y “la necesidad de que Bruselas apoye a este sector estratégico”, según informó el PP. El luxemburgués visita esta semana España por primera vez desde su nombramiento y se verá con Feijóo.

El líder de la oposición recibió esta mañana en la sede del PP al secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Padilla, el presidente de LA Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), Pedro Barato, el presidente de Cooperativas Agroalimentarias, Ángel Villafranca, y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA), Cristóbal Cano.

En este encuentro, les expuso su “agenda del cambio” con iniciativas para mejorar la vida de los ciudadanos que se contrapone con lo que él denominó “la agenda de la corrupción y del infierno fiscal” del Gobierno, al que acusa de subir los impuestos y cotizaciones sociales “97” veces, además de hacer tributar el salario mínimo interprofesional (SMI).

Tras presentar en las últimas semanas la Ley de Conciliación, su propuesta en materia de inmigración, el ‘plan Valencia’ dotado con 12.000 millones de euros o la Ley del Suelo con medidas importantes para que los jóvenes puedan acceder a una vivienda, Feijóo les anunció que su partido llevará mañana a la Cámara Alta una norma para “amortiguar la presión fiscal” a la que se ven sometidos, en este caso, los trabajadores del sector primario.

El texto normativo contempla, entre otras medidas, la bajada del IVA del 21% al 10% (IVA reducido) para la compra de materiales o medios de explotación que vayan a usarse en la producción agraria o la posibilidad de deducirse el impuesto soportado para adquirirlo, según avanzó el PP.

Además, les avanzó la introducción de una deducción del 25% por la contratación de seguros agrarios y el incremento de hasta 3.000 euros de gastos de difícil justificación para quienes tributen en régimen de estimación directa. Esos gastos son imprescindibles para la labor de muchas explotaciones pequeñas y medianas de nuestro país.