El ministro aseguró que su formación va a demandar por "injurias, derecho al honor y por vulneración de derechos" y añadió que será de manera conjunta
El grupo municipal Con Málaga ha propuesto un paquete de enmiendas para la modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Estas enmiendas están “fundamentadas en un diagnóstico de saturación de viviendas turísticas (VUT) en la ciudad, buscan limitar drásticamente las licencias de estos alojamientos en todo el término municipal y revertir las licencias ya existentes”.
En una rueda de prensa encabezada por Nico Sguiglia (Podemos) concejal y portavoz adjunto y Toni Morillas (IU) concejala y portavoz de Con Málaga, se expusieron los detalles de esta propuesta como “respuesta a la gentrificación y turistificación que expulsa a los vecinos de sus barrios y encarece los alquileres en las zonas más afectadas”. Morillas comenzó su discurso señalando que “hoy les traemos una buena noticia al alcalde, ya no necesita hacer estudios jurídicos para que no se dé ni una licencia más de viviendas de uso turístico en Málaga, lo único que tiene que hacer es aceptar las enmiendas que hemos registrado”.
Sguiglia criticó con contundencia la responsabilidad política del alcalde Francisco de la Torre y del equipo de gobierno del Partido Popular en la crisis de vivienda. En sus palabras, “ha sido fruto de una política al servicio de sectores económicos concretos, priorizando sus intereses sobre el derecho a una vivienda digna para los malagueños. La ciudad de Málaga se ha transformado en una auténtica jungla de pisos turísticos. Esto no ha sido casual, el descontrol en este sector lleva la firma del señor Francisco de la Torre”, agregó además que “el Ayuntamiento no ha implementado medidas que otras ciudades ya han adoptado para frenar este fenómeno”.
El concejal también señaló que “la actual modificación del PGOU, impulsada por el equipo de gobierno, es un auténtico despropósito, en lugar de controlar la saturación de VUT, permite la expansión de estas viviendas a 238 zonas de la ciudad”. Para Sguiglia, “el propio estudio del gobierno confirma los efectos negativos de las viviendas turísticas sobre el precio de los alquileres y la convivencia en los barrios, por lo que considera la medida una locura que agrava la situación en áreas ya sobrecargadas”.
“La manifestación de noviembre será una oportunidad para que la ciudadanía se pronuncie en contra del modelo actual de ciudad. Es momento de que los malagueños y malagueñas digan basta a un modelo que prioriza los intereses de unos pocos”, declaró Sguiglia, invitando a la población a unirse en la defensa de una ciudad “más democrática y habitable”.
Por su parte, la concejala calificó las declaraciones del alcalde como “un auténtico meme que refleja un oportunismo de manual, porque el PP es responsable de que en la ciudad de Málaga en este momento haya más de 12.000 viviendas turísticas y de que más del 73% de las plazas de alojamiento sean en viviendas turísticas. La modificación del PGOU del PP no resuelve la situación de saturación y los altos precios de Málaga, es más, abre la puerta a que pueda haber otras 12.000 viviendas turísticas más. Ya no cuelan las declaraciones del alcalde, la movilización del próximo 9 de noviembre va a ser un éxito rotundo porque la gente sabe bien que el alcalde y el PP son los responsables de que en Málaga haya una auténtica plaga de viviendas turísticas”.
Por último, Morillas resumió el contenido de las enmiendas, “hemos presentado una enmienda a la totalidad y 13 enmiendas parciales con un objetivo que es suspender todas las nuevas licencias y autorizaciones de viviendas turísticas en todo el término municipal de Málaga porque toda Málaga está saturada. Junto a una estrategia de decrecimiento que nos permita alcanzar el objetivo de cero viviendas turísticas en la ciudad de Málaga y que todas las actuales puedan ponerse a disposición de un mercado de alquiler a precios asequibles, para que impacte en la reducción en la bajada del precio de la vivienda. Para ello las enmiendas incluyen medidas como autorizaciones municipales previas obligatorias, la prohibición de viviendas turísticas en bajos comerciales, una actuación integral de intervención en el ámbito de la inspección o medidas de fiscalidad específicas, entre otras”.
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