Crisis de la vivienda en Mijas. Informe del PCE en el municipio

El Partido Comunista de España (PCE) en Mijas ha elaborado un informe en el que aborda el grave problema de la vivienda en el municipio, como un reflejo de lo que acontece en el Estado, pero agravado en la Costa del Sol. En su comunicado, como resumen de dicho documento, el PCE compendia y reclama al gobierno municipal que cumpla sus promesas electorales de construir Viviendas de Protección Oficial (VPO) y propone la creación de un Parque Público de Viviendas en alquiler, gestionado por una empresa netamente municipal.

El PCE remarca que el coste del alquiler de estas viviendas no debe sobrepasar el 30% de los ingresos familiares y deben priorizar a la juventud, familias monoparentales, con diversidad funcional y víctimas de violencia de género, entre otros colectivos vulnerables.

El PCE de Mijas denuncia la inacción del gobierno municipal en materia de vivienda pública y en el control de la vivienda turística irregular. Asegura, que a pesar de las promesas electorales realizadas, un año después de asumir el cargo, el equipo de gobierno no ha avanzado en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) tanto en régimen de alquiler como de venta, cuando desde hace más de un quinquenio se viene anunciando la existencia de suelo público para su construcción, reduciéndose su actuación a un anuncio “discreto” de la actualización del listado municipal de las personas demandantes de estas, que data de hace varios lustros.

Mientras tanto, la construcción de viviendas residenciales de lujo (como artículo de inversión) sigue en auge, desplazando a los residentes locales y agravando la crisis habitacional en el municipio. En este contexto, advierte Lalu Luque, secretario Político, que no les extrañaría que comenzaran a hablar de las “bondades de que los mijeños y mijeñas tuvieran su residencia en el valle del Guadalhorce, como así sugirió el regidor malagueño, Francisco de la Torre, recientemente, para la población malacitana”.

En Mijas, el PCE apuesta firmemente por la creación de un parque público de viviendas en alquiler, gestionado por una empresa pública municipal, dejando para el sector privado la construcción y venta de VPO. Precisa que la empresa deberá asegurar que los alquileres no excedan el 30% de los ingresos familiares, asegurando que es una medida que ayudará a mitigar la presión económica sobre los hogares.

Además, el PCE exige que este parque público contemple una distribución justa entre unidades familiares desfavorecidas, donde la juventud, las familias monoparentales, la diversidad funcional, las víctimas de violencia de género y otros colectivos vulnerables tengan un acceso prioritario, reflejando la realidad social de Mijas. Es por lo que, asegura que solo con un enfoque responsable y comprometido desde el ayuntamiento, se podrá hacer frente a la crisis de vivienda que afecta al municipio, algo que por lo visto “es una cuestión que parecería no preocupar al gobierno municipal, vista la parsimonia que imprime a sus actuaciones”, afirma Lalu Luque.

Además, en este contexto, para el PCE el anuncio de la normalización del sector urbano Calasol en la costa mijeña es un “verso libre”, dónde se prevé suelo público para la construcción de 200 viviendas de VPO, y no hace “otra cosa que darnos la razón en que se va tarde y sin una planificación global”, asegura Lalu Luque, argumentando que la edificación de VPO alejadas de los núcleos urbanos tiene que ir forzosamente acompañada de un Plan de Movilidad Municipal que vaya más allá de la Zonas Bajas en Emisiones o la reorganización del tráfico en Las Lagunas.

Esto último, fue puesto de manifiesto por el PCE cuando, en su día, se anunció el desarrollo urbano del sector de Torreblanca del Sol, donde se prevé suelo para cientos de VPO, pero que adolece de ese Plan de Movilidad Municipal. No contemplarlo y dejar la movilidad a los vehículos particulares es condenar al colapso las vías de desplazamiento, es por lo que, “venimos exigiendo la creación de una Empresa Municipal de Transporte que se haga responsable de las líneas de transporte público en el municipio, que vele por el interés general y no por la cuenta de beneficios”, recalcó Lalu Luque.

En otro orden de cosas y algo que también influye en la falta de viviendas asequibles en Mijas, el PCE señala que la ley de vivienda aprobada recientemente en el Estado ofrece herramientas clave para limitar los precios del alquiler mediante la declaración de zonas tensionadas, una alternativa que podría mejorar el acceso a la vivienda en Mijas, temporalmente. Sin embargo, la falta de voluntad política, de la oposición principalmente y en Mijas del gobierno municipal, ha impedido su implementación.

En este sentido, según Lalu Luque, “Las propuestas de Sumar e Izquierda Unida para los presupuestos de 2025 intentan atenuar esta situación con medidas como la inversión en vivienda pública y la regulación de los alquileres turísticos, aunque las soluciones aún parecen lejanas y Mijas tiene herramientas para no depender del Estado o la Junta de Andalucía para actuar”.

Finalmente, Lalu Luque advierte de que, en Andalucía, la nueva ley de vivienda, que está tramitando el gobierno andaluz del PP, “se centra más en favorecer a grandes promotoras y no en ofrecer soluciones reales para las familias vulnerables”, asegura Lalu Luque. Es tal su determinación, según se desprende de su contenido, que termina englobando en este colectivo a las personas inquilinas, dotándolos del peyorativo “inquiocupa”.

El gobierno autonómico ha decidido volver al modelo del ladrillo, fomentando la especulación y persiguiendo a quienes no pueden asumir los altos precios del mercado. Mientras tanto, las medidas para garantizar el acceso a una vivienda digna para los sectores más desfavorecidos son prácticamente inexistentes, por lo que “se abandonan a su suerte”, zanja Lalu Luque.

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