Andalucía sigue siendo uno de los territorios con mayores niveles de exclusión social del Estado. Según los datos del propio informe, el 23,1% de la población andaluza vive en situación de exclusión social, una cifra que no es coyuntural ni accidental, sino estructural.
No estamos hablando de pobreza puntual ni de crisis pasajeras. Estamos hablando de un modelo económico y social que, año tras año, deja fuera a cientos de miles de personas. Mientras se habla de crecimiento del PIB y de recuperación económica, casi una cuarta parte de la población vive atrapada en una espiral de precariedad, inseguridad y falta de derechos.
El informe también señala otro fenómeno preocupante: la llamada integración precaria. Cada vez más personas tienen empleo, pero ese empleo no les permite vivir con dignidad. Trabajan, pero siguen siendo pobres. Pagan alquileres desorbitados, encadenan contratos temporales y viven con la incertidumbre permanente de no saber si podrán llegar a final de mes.
La vivienda se ha convertido en uno de los grandes motores de exclusión. El acceso a una casa digna se ha vuelto un lujo para muchas familias. El informe muestra cómo crecen los problemas de vivienda, el hacinamiento y la inseguridad residencial. En demasiados casos, la vivienda ya no es un derecho: es un negocio.
También es alarmante el deterioro del acceso a la salud. Cada vez más personas tienen dificultades para seguir tratamientos médicos o comprar medicamentos. Cuando una sociedad empieza a tener que elegir entre pagar la luz o comprar medicinas, algo muy profundo se ha roto.
Pero quizá uno de los datos más reveladores es la desigualdad que afecta a la población migrante. En sectores como la agricultura, la hostelería o los cuidados, miles de personas sostienen buena parte de la economía mientras viven en condiciones de extrema precariedad. Es una realidad especialmente visible en provincias como Almería, donde el modelo agrícola intensivo genera riqueza para unos pocos mientras deja bolsas de exclusión social difíciles de ignorar.
El problema no es solo económico. Es también democrático. Cuando amplias capas de la población quedan fuera del acceso a derechos básicos —vivienda, salud, empleo digno o educación— la democracia se vacía de contenido. Se convierte en una estructura formal que no garantiza igualdad real.
Si seguimos por este camino, el futuro es fácil de prever: más desigualdad, más fractura social y más desconfianza en las instituciones. Una sociedad donde cada vez más personas viven al límite es también una sociedad más vulnerable a la polarización, al miedo y al avance de discursos autoritarios.
Andalucía necesita abrir un debate serio sobre su modelo económico y social. No basta con gestionar la pobreza; hay que atacar las causas que la generan. Eso significa hablar de salarios dignos, de vivienda accesible, de servicios públicos fuertes y de un desarrollo económico que no se base en la precariedad.
El informe FOESSA no es solo un diagnóstico. Es una advertencia. Una advertencia clara de hacia dónde nos dirigimos si no cambiamos el rumbo.
La pregunta que debemos hacernos es sencilla: ¿vamos a seguir normalizando que casi una cuarta parte de nuestra sociedad viva en exclusión, o vamos a empezar a construir un modelo que ponga la dignidad y los derechos en el centro?
Porque si algo deja claro este informe es que el problema no es que falten recursos. El problema es cómo se reparten.
Josemi Garrido
