Cuatro días de permiso para trabajadores por emergencias climáticas
La UGT consideró el nuevo permiso por emergencias climáticas aprobado por el Gobierno como un avance significativo para los trabajadores y trabajadoras.
La Unión General de Trabajadores y Trabajadoras expresó que el real decreto-ley aprobado por el Consejo de Ministros con un permiso retribuido de cuatro días en situaciones de alerta por emergencias climáticas “constituye un avance significativo en la protección de las personas trabajadoras”.
Así valoró el sindicato la norma impulsada por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, de la que dijo que es “un paso en la buena dirección para garantizar la seguridad y los derechos de las personas trabajadoras ante desafíos globales como el cambio climático”.
Además, el sindicato dirigido por Pepe Álvarez resaltó que es positivo el hecho de que se ponga de relieve la relevancia de la negociación colectiva y de la corresponsabilidad en la protección social y laboral de los empleados.
La normativa establece hasta cuatro días de permiso remunerado cuando las condiciones climáticas o situaciones de catástrofe hagan imposible el acceso al centro de trabajo o impliquen un riesgo grave e inminente para las personas trabajadoras.
Cuando el periodo de cuatro días no sea suficiente, se prevé su prorroga y, en su caso, la utilización de los ERTE por fuerza mayor. Y ello, sumado a que se incorpora el establecimiento del teletrabajo cuando la actividad lo permita.
Asimismo, los convenios colectivos deberán incorporar protocolos de actuación específicos para prevenir riesgos asociados a fenómenos meteorológicos adversos y catástrofes, reforzando el papel de la negociación colectiva como herramienta clave en la protección laboral.
Se reconoce el derecho de los trabajadores a ser informados de las medidas previstas en caso de emergencias y se les garantiza que no sufran perjuicio alguno por proteger su seguridad, incluso con la posibilidad de detener la actividad si es necesario.
Finalmente, el Ministerio de Trabajo se compromete a desarrollar un real decreto en el plazo de un año para abordar de manera integral la prevención de riesgos laborales frente a los efectos del cambio climático.
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