Medidas para revertir la degradación ambiental de Doñana
También lo suscribieron el teniente de alcalde de Hinojos, José Aurelio Díaz, y el primer teniente de alcalde de Palos de la Frontera, Ricardo Bogado.
La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, y los alcaldes o tenientes de alcalde de 14 ayuntamientos del área de influencia del Parque Nacional de Doñana rubricaron este lunes el reparto de 70 millones para el desarrollo sostenible de ese espacio protegido.
Además de Ribera, también firmaron el documento los alcaldes de Almonte (Francisco Bella), Aznalcázar (Manuela Cabello), Bollullos Par del Condado (Rubén Rodríguez), Bonares (Juan Antonio García), Isla Mayor (Juan Molero), La Puebla del Río (María Dolores Prósper), Lucena del Puerto (Álvaro Regidor), Moguer (Gustavo Cuéllar), Pilas (José Leocadio Ortega), Rociana del Condado (Francisco de Asís Pérez), Sanlúcar de Barrameda (Carmen Álvarez) y Villamanrique de la Condesa (Francisco Javier Domínguez).
También lo suscribieron el teniente de alcalde de Hinojos, José Aurelio Díaz, y el primer teniente de alcalde de Palos de la Frontera, Ricardo Bogado.
“Esto es el principio de una aventura compleja que tendrá que seguir trabajándose a lo largo de los próximos meses, de los próximos años, pero es el recorrido que debemos impulsar”, indicó Ribera tras la firma del acuerdo.
Ribera aseguró que se trata de “la mejor solución para todos, la única que garantiza el futuro del entorno, de las personas, de la comarca”, y destacó que el trabajo conjunto, la transparencia, la rendición de cuentas y el “modo de escucha” sirven para “ganar esta batalla contra el deterioro” de Doñana.
NOVIEMBRE DE 2022
Este acuerdo tiene su origen en noviembre de 2022, cuando el departamento dirigido por Ribera presentó el Marco de Actuaciones para Doñana destinado a revertir la degradación ambiental de este espacio emblemático y a recuperar su funcionamiento ecológico.
Entre otras, ese marco permitió el cierre de 1.012 pozos por parte de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y más labores de control e inspección, que han reducido casi la mitad los regadíos ilegales en las zonas de mayor presión hídrica sobre Doñana.
Estas medidas a corto y largo plazo se complementaron el pasado noviembre con el Marco de Actuaciones para el Desarrollo Territorial Sostenible del Área de Influencia del
Espacio Natural de Doñana, firmado entonces por Ribera y el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla.
Este último acuerdo incluye medidas como que los agricultores de la Corona Norte sin derechos de agua para regar podrán recibir hasta 100.000 euros por hectárea durante 10 años si abandonan sus cultivos y renaturalizan o reforestan sus tierras.
Además, ese pacto por Doñana indica que Transición Ecológica destinaría 70 millones de euros a iniciativas de las entidades locales del entorno de Doñana.
Ribera destacó que ese segundo marco de actuaciones permite que algunos agricultores cuenten con “un futuro brillante” en el caso de que “quisieran acometer transformaciones en su modo de cultivo para reducir la presión sobre el entorno hidráulico de Doñana”.
“Doñana es un ecosistema que merece la mayor de las atenciones, pero Doñana es también sus gentes, sus pueblos. Merece la recuperación de actividades y de prosperidad económica compatibles con su buen estado de conservación”, concluyó Ribera.
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