Denuncian ante la Fiscalía trabajos con maquinaria pesada en el río Grande dentro de una zona protegida de la Red Natura 200
Una denuncia ante la Fiscalía de Medio Ambiente, presentada por Rosa Galindo, coportavoz de Verdes Equo, ante la Fiscalía de Medio Ambiente, alerta de la posible realización de actuaciones ilegales con maquinaria pesada en el cauce y las riberas del río Grande, en el término municipal de Cártama, dentro de la Zona Especial de Conservación (ZEC) “Ríos Guadalhorce, Fahalas y Pereilas” – ES6170033, integrada en la Red Natura 2000. Según el escrito, al que ha tenido acceso este medio, existen indicios de afección a hábitats de interés comunitario, vegetación de ribera y zonas de reproducción y refugio de fauna silvestre.
La denuncia sostiene que, “desde, al menos, el día 12 de mayo de 2026”, se están llevando a cabo trabajos de retirada de vegetación, remoción del terreno y alteración de márgenes fluviales en un espacio sometido a un régimen reforzado de protección ambiental. Las imágenes y vídeos aportados mostrarían la intervención de maquinaria pesada en un tramo situado a la altura de la base BRICA de Cártama.
Un espacio protegido y un periodo crítico para la fauna
El documento recuerda que la zona afectada se encuentra dentro de una ZEC con un Plan de Gestión aprobado, lo que obliga a que cualquier actuación susceptible de afectar a los valores naturales del espacio cuente con una evaluación previa de compatibilidad. Sin embargo, según la denuncia, no consta autorización ambiental suficiente, ni evaluación de repercusiones sobre la Red Natura 2000, ni informes específicos sobre hábitats y especies protegidas.
La afección sería especialmente grave por producirse en periodo sensible de reproducción y cría de numerosas especies. Entre las especies cuya presencia debe verificarse de forma urgente, el escrito menciona a la cigüeña negra (Ciconia nigra), la garcilla cangrejera (Ardeola ralloides), la libélula Oxygastra curtisii, el águila pescadora (Pandion haliaetus) y la colmilleja (Cobitis paludica), todas ellas incluidas en catálogos de protección estatal o autonómico.
El texto señala que las actuaciones observadas presentan indicios de “destrucción o alteración significativa de vegetación de ribera, sustrato, refugios y zonas funcionales para la fauna silvestre”, lo que podría constituir infracciones administrativas y, eventualmente, delitos ambientales.
Posibles responsabilidades administrativas y penales
La denuncia cita la Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, que protege los espacios Red Natura 2000 y prohíbe la alteración de hábitats de interés comunitario. También menciona la Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía, que sanciona la destrucción de áreas de reproducción, refugio o alimentación de especies protegidas.
En el ámbito penal, el escrito apunta a la posible aplicación de los artículos 325, 330, 332 y 334 del Código Penal, relativos a delitos contra el medio ambiente, daños en espacios naturales protegidos y afección a flora y fauna silvestres. La denuncia recuerda que el artículo 338 agrava las penas cuando los hechos se producen en un espacio protegido, como es el caso.
Petición de paralización cautelar e investigación urgente
El denunciante solicita a la Fiscalía que incoe diligencias de investigación y requiera a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Cártama y al organismo de cuenca la remisión completa del expediente administrativo de la actuación, incluyendo proyecto, autorizaciones, informes técnicos y documentación ambiental.
Asimismo, pide que se oficie al SEPRONA y a los agentes de medio ambiente para realizar una inspección urgente sobre el terreno, con reportaje fotográfico, identificación de maquinaria y responsables, delimitación de la superficie afectada y verificación de especies presentes.
Dada la gravedad potencial de los daños, se solicita también la paralización cautelar inmediata de los trabajos para evitar perjuicios “de difícil o imposible reparación”.
Un caso que reabre el debate sobre la conservación fluvial en Andalucía
La denuncia pone el foco en la gestión de los cauces fluviales en espacios protegidos y en la necesidad de garantizar que cualquier intervención cuente con las evaluaciones ambientales preceptivas. El caso podría tener un recorrido relevante si se confirman los indicios de afección a hábitats y especies protegidas.
Fuente Málaga por la Regeneración
